Panamá, 15 de marzo de 2011.
Lic.
Gerardo Solís
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral
E. S. D.
De nuestra consideración:
Conforme a lo acordado en reunión sostenida con usted el pasado 3 de marzo de 2011, hacemos entrega de los siguientes documentos: «Declaración de Principios», «Programa de Gobierno» y «Estatuto» del Frente Amplio por la Democracia (FAD), así como facsímil de nuestro emblema, en el interés de un grupo de ciudadanos de iniciar los trámites legales para nuestro reconocimiento como partido en formación.
Reiteramos, como lo expresamos en la mencionada reunión, que enfrentamos dificultades con algunas autoridades para la certificación de los domicilios de las personas que nos han brindado su apoyo para la formalización de nuestra propuesta política.
En algunos casos se nos ha exigido el pago de las certificaciones (5 balboas por cada firma), hecho ocurrido en Changuinola, Bocas del Toro y en corregimientos de Panamá Oeste. Y, en el resto de la República, hemos notado un total desconocimiento de las autoridades acerca de cómo proceder en estos casos, lo cual ha dificultado este trámite a pesar que desde hace más de un mes contamos con una cifra muy por encima del mínimo de mil requerido para ser reconocidos como partido en formación.
Urge que el Tribunal Electoral expida a la mayor brevedad, tal cual fue su compromiso, el boletín de la institución con instrucciones precisas a las autoridades sobre la forma de proceder frente a las certificaciones, con la clara advertencia de que el interferir con este acto cívico de un grupo de ciudadanos puede significar la comisión de un delito electoral.
Aprovechamos la ocasión para expresar nuestra profunda preocupación por el actuar del Gobierno y del Tribunal Electoral en la reciente celebración del Congreso del Pueblo Ngöbe Buglé.
En base a un inconsulto Decreto Ejecutivo 537, el Tribunal Electoral procedió a la celebración de elecciones dentro de la Comarca Ngöbe Buglé para la selección de delegados a un supuesto Congreso. En su momento se conoció que sólo un 20% de la población participó de dichas elecciones a pesar de los recursos millonarios, la propaganda oficial y de la maquinaria estatal y de los partidos tradicionales.
Pese a ello, el Gobierno y el Tribunal Electoral continuó adelante con sus planes, lo cual en el marco de la coyuntura de lucha de ese pueblo contra la explotación minera a cielo abierto, deja traslucir el interés de imponer autoridades títeres para posteriormente desarrollar proyectos de esta índole y ejercer un control absoluto sobre el territorio del mayor pueblo originario de Panamá y todos sus recursos naturales.
Con recursos propios, muy escasos, y grandes sacrificios, un ïmportante sector del pueblo Ngöbe Buglé celebró en Kankintú, Pueblo Nuevo, región Ño Kribo, su Congreso General Tradicional tal como lo hicieron en 10 ocasiones anteriormente. De él surge Celio Guerra, reconocido luchador social y genuino defensor de los pueblos originarios, como Presidente del Congreso General Tradicional Ngöbe Buglé.
Aún así, hemos conocido que el Gobierno y el Tribunal Electoral sólo reconocerá al Congreso oficialista surgido del inconsulto y repudiado Decreto Ejecutivo 537.
Con ello se interviene en la forma en que ese pueblo originario elige sus autoridades, introduciendo los vicios y las prácticas funestas de un sistema diseñado a la medida de los intereses de las clases pudientes y los partidos tradicionales.
¿Qué se le ofrece al pueblo Ngäbe Buglé? ¿Ser partícipes del triste espectáculo de la compra y venta de autoridades, tal como ocurre en estos momentos con Diputados, Alcaldes, Representantes de Corregimientos y otras autoridades y representantes de partidos políticos? ¿Hacer de las elecciones del pueblo ngöbe buglé otra fuente del vergozoso clientelismo y mercadeo electoral? ¿Hacerlo víctima de la injerencia de los partidos tradicionales, del papel de los medios de comunicación, encuestadoras y las agencias publicitarias? ¿Involucrarlo en la narcopolítica que se ha introducido en los procesos electorales nacionales?
Este grupo de ciudadanos aglutinados en el FAD, renocemos claramente las graves anomalías y la podredumbre moral que carcome las instituciones del Estado y que convierten el sistema electoral en un sistema excluyente y antidemocrático, que se reduce simplemente a votar cada 5 años, por lo que nos proponemos junto al pueblo transformar radicalmente esta situación.
El FAD se opone enérgicamente a que, luego de más de 500 años del genocidio cometido en estas tierras durante el mal llamado Descubrimiento de América, se intente imponer también a la fuerza al pueblo ngöbe un modelo electoral que dista mucho de la democracia integral que anhelamos la mayoría de los panameños dignos y conscientes. Este pueblo, pese a las promesas de las autoridades nacionales y locales electas en los procesos eleccionarios organizados por el Tribunal Electoral, sigue padeciendo los peores sufrimientos y la pobreza más extrema.
El Decreto 537 debe ser derogado, de lo contrario se abre las puertas a la intromisión del Tribunal Electoral en los procesos democráticos de elecciones que desarrollan otros pueblos originarios en base a sus mecanismos tradicionales, así como lo hacen otras organizaciones e instituciones nacionales.
Desde el FAD al expresar esta posición, lo hacemos convencidos de que la soberanía radica en el pueblo y el poder público emana de él. Además, plenamente conscientes que el proceder del Gobierno y del Tribunal Electoral viola flagrantemente la Ley de la Comarca Ngöbe Buglé, así como convenios y tratados universales sobre los pueblos originarios.
Agradeciendo su atención,
Comité Organizador del FAD
